La Fiscal General James se Moviliza en El Bronx Para Prohibir los Precios de Vigilancia

NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, y la Asambleísta Estatal Emérita Torres se unieron hoy con funcionarios electos locales, sindicatos, defensores y miembros de la comunidad para manifestarse en apoyo del paquete de legislación, "One Fair Price Act" (“Un Precio Justo” en español). La legislación "One Fair Price" consta de dos proyectos de ley que protegerían a los neoyorquinos de la “precios de vigilancia" (“surveillance pricing” en inglés), un esquema de precios injusto en el que las empresas utilizan los datos personales de los compradores para establecer precios individualizados para los consumidores. La ley "One Fair Price" —patrocinada por la Asambleísta Torres y la Senadora Estatal Rachel May— prohibiría los precios de vigilancia en el estado de Nueva York. La “Ley de Protección de Consumidores y Empleos Contra la Fijación de Precios Discriminatoria” (o “Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act en inglés) — patrocinada por el Líder Adjunto, Gianaris, y el Asambleísta Solages— prohibiría el uso de etiquetas electrónicas en los estantes, así como los precios de vigilancia, en supermercados y farmacias.

“Los neoyorquinos, desde El Bronx hasta Buffalo, ya se enfrentan con precios más altos, y ahora las grandes empresas están utilizando sus datos personales para cobrarles aún más”, declaró la Fiscal General James. “El paquete legislativo de ‘Un Precio Justo’ prohibirá la fijación de precios depredadora basada en la vigilancia de su datos, al tiempo que protegerá los descuentos legítimos y los programas de fidelización de los que dependen los neoyorquinos, incluidos nuestros veteranos y personas de edad mayor. Insto a nuestros amigos en la legislatura estatal a aprobar estos proyectos de ley para garantizar un precio justo para todos”.

El precio de vigilancia se produce cuando las empresas utilizan los datos privados de los individuos para establecer precios únicos para diferentes consumidores, lo cual a menudo resulta en que estos terminen pagando más por productos esenciales. Las plataformas en línea recopilan miles de datos sobre cada consumidor: desde sus compras habituales hasta el momento en que reciben su salario o sus beneficios, e incluso el tiempo que se detienen ante un producto en línea. Posteriormente, las empresas utilizan esta información para alimentar algoritmos de fijación de precios que se actualizan de forma continua, con el fin de estimar el precio máximo que un consumidor estaría probablemente dispuesto a pagar en un momento dado. Como resultado, dos compradores podrían visitar el mismo sitio web simultáneamente y ver dos precios diferentes para exactamente el mismo producto.

El precio de vigilancia no se limita a las compras por internet. Las etiquetas electrónicas de estantería (ESL en inglés) permiten a las empresas ajustar los precios en la tienda, de modo que un cliente podría comprar un galón de leche a un precio, mientras que otro cliente pagaría más por el mismo galón más tarde ese mismo día. Las ESL no solo perjudican a los consumidores que intentan subsistir mientras los precios siguen aumentando, sino que también ponen en peligro el sustento de los empleados de los supermercados, ya que podrían eliminar el trabajo de los cajeros.

Según una encuesta reciente, el 66 por ciento de los neoyorquinos apoyan la prohibición de los precios de vigilancia y las ESL. Casi siete de cada diez neoyorquinos piensan que los precios de vigilancia harán que suban los precios de los comestibles, y dos tercios no se fían de que las empresas usen estas herramientas de forma responsable. Los neoyorquinos también piensan que estas tecnologías causarían resultados perjudiciales, como incrementos de precios durante emergencias y cobrar precios más altos según la capacidad de pago percibida.

La legislación “One Fair Price” protegerían a los consumidores de Nueva York, y a sus familias, al prohibir la práctica de precios de vigilancia —que utiliza datos personales para establecer precios individualizados para los consumidores— y al garantizar que sean los productos los que tengan precio, y no las personas.

• “One Fair Price” (8623/A.9349) prohibirá los precios de vigilancia y prohibirá el uso de los datos personales de los consumidores para establecer precios individualizados para garantizar que a los neoyorquinos se les cobre el mismo precio por el mismo producto.

   

• “Protecting Consumers and Jobs from Discriminatory Pricing Act” (8616/A.9396) protegerá a los consumidores y trabajadores por igual al prohibir el uso de ESL y precios de vigilancia en tiendas de comestibles y farmacias.

“One Fair Price” prohibiría los precios de la vigilancia, pero no amenaza los descuentos y programas de lealtad con los que cuentan los neoyorquinos. La legislación permite explícitamente descuentos, incluidos programas de fidelización, cupones, precios de suscripción y promociones estándar, incluso para veteranos y personas mayores. “One Fair Price” también autorizará a el OAG y a los neoyorquinos afectados a presentar casos civiles por sanciones y restitución contra empresas o minoristas que utilizan precios de vigilancia.

“Los neoyorquinos merecen saber que el precio que ven es el precio que todos ven y pagan”, dijo la asambleísta estatal Emérita Torres. “La ley ‘One Fair Price’ da un paso crítico y necesario para proteger a los consumidores de las corporaciones que utilizan datos personales y algoritmos opacos para cobrar a las personas diferentes precios por el mismo producto. En un momento en que las familias de Nueva York ya están luchando con el costo de vida, debemos garantizar la transparencia y la equidad en nuestro mercado digital. Esta legislación pone a los consumidores en primer lugar al detener los precios de vigilancia de las corporaciones y garantizar que los neoyorquinos no sean perfilados digitalmente y presionados financieramente hasta su límite”.

“Todo consumidor tiene derecho a precios transparentes y equitativos, libres de vigilancia algorítmica manipuladora”, afirmó Jessica Orozco Guttlein, vicepresidenta sénior de Política y Comunicaciones de la Hispanic Federation. “El precio que figura en el estante debe ser el mismo, independientemente de su raza, código postal, nivel de ingresos o patrones de compra. El paquete de “Un Precio Justo” del estado de Nueva York establece protecciones para garantizar el derecho de todo consumidor a realizar sus compras y a recibir un trato justo, ya sea en tiendas físicas o en línea”.